Sin lugar a dudas el Poder Judicial chileno es uno de los más modernos el mundo en cuanto al uso de la tecnología en el procesamiento de escritos y acceso a la información. El año pasado se ubicó, nuevamente, como número uno en acceso a la información según el Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IACC), que elabora el Centro de Justicia de las Américas (CEJA). La incorporación de mecanismos de Clave Única y la implementación completa de procesos judiciales en forma digital, ha generado un cambio fundamental en la velocidad y calidad de los procedimientos.
Por ello, los chilenos debemos estar orgullosos de que nuestro Poder Judicial lidere en este aspecto, la transformación digital y eficiencia en nuestro continente.

No obstante, estas capacidades de innovación también generan expectativas y responsabilidades. La preocupación por la seguridad informática y la protección de los datos es uno de ellos. Hace unos días el Poder Judicial emitió una declaración y anunció acciones para prevenir posibles intrusiones para intentar extraer información indebida desde sus sistemas. Sin conocer los detalles y entendiendo que la seguridad debe ser bien gestionada, es un tema sensible pero que no necesariamente debe entenderse como ataques de delincuentes informáticos.

Indudablemente un problema que se le presenta al Poder Judicial es la ambición por mayor eficiencia que ha despertado en sus usuarios. Todos estos procesos de tramitación y consulta han generado mayor eficiencia y mejor uso de los recursos, no solo por parte del Poder Judicial, si no que de los abogados que tramitan estas causas y que desean saber el estado de sus juicios. Los usuarios y los diversos participantes del ecosistema judicial ya no requieren correr y trasladarse, contratando muchos asistentes cuyo valor agregado es desplazarse a mirar que dice un libro o a dejar documentos impresos y obtener un timbre de recepción.

Empresas, estudios jurídicos y abogados se ven enfrentados a una mayor eficiencia en traslados pero, si es que tienen muchas causas, requieren muchísimo tiempo accediendo en forma manual a la página web del Poder Judicial una por una y lo que es peor, revisando uno a uno el estado de sus causas judiciales. Por ello, en algunos casos, podría darse que lo que el Poder Judicial reclama como potenciales accesos no autorizados, en la realidad sea una forma tecnológicamente eficiente de responder a las expectativas que su modernización ha generado.

Este problema tiene dos alternativas de solución “tecnológicamente claras”: el Poder Judicial genera una nueva versión de su sitio web, que permita a los abogados ser más eficientes, generando escritos y mejores herramientas de búsqueda y alertas personalizables; o evoluciona hacia la interoperabilidad con sistemas externos que permitan subir causas y revisar estados y otras operaciones en forma masiva, fomentando el ecosistema de startups que presten estos servicios.

La falta de estos mecanismos automatizados y eficientes ha hecho que surjan emprendedores que se conectan con robots, y hacen consultas masivas abriendo múltiples “sesiones”, lo cual conlleva una saturación de los servidores del Poder Judicial, lentitud o incluso bloqueos. La realidad es que mejorando la interoperabilidad, con menos recursos el Poder Judicial podría responder a los requerimientos del mercado, que su propia eficiencia y eficacia ha generado. Hasta ahora el Poder Judicial ha respondido bloqueando IPs y hasta presentando denuncias o demandas,.como queriendo decir: ”no sean tan eficientes, contraten muchas personas que lean las causas una por una y digite en su sistema propio”.

Reconociendo los muchísimos méritos del Poder Judicial, en este aspecto estamos en una encrucijada tecnológica y de eficiencia. Evidentemente consultas masivas a través de una página web y digitación de lo que se lee a otro sistema de control, es una solución muy mala en un mundo en que vivimos el boom de inteligencia artificial, teniendo que simular navegación humana en páginas web abriendo múltiples sesiones. Y por supuesto que es altamente consumidora de recursos informáticos, tanto para el usuario final, el desarrollador y las plataformas del Poder Judicial y poco eficiente para las plataformas del Poder Judicial.

Por esto, en vez de demandar a aquellos que quieren ser más eficientes, creo que el Poder Judicial debería dar un paso más, tomando la delantera a nivel gubernamental y quizá mundial, abriéndose a la interoperabilidad. Quizá con muy pocos recursos informáticos adicionales podría atender esa necesidad de eficiencia de sus usuarios de una manera mucho más eficiente, e incluso fomentar emprendimientos que puedan ser exportados a otros países. Pero lo principal, facilitando un acceso más equitativo y eficiente para ayudar a la provisión de justicia.

I Quizá esto depende de un cambio legal, administrativo o presupuestario, pero desde mi mirada técnica y de eficiencia, es un tema que debiera abordarse en la estrategia digital del Poder Judicial. Al menos por nuestra parte, en JR Consultores, tenemos un importante avance con nuestros sistemas y estamos con todas las ganas de aportar en la transformación digital. Cualquier duda que tengas sobre la transformación digital para mejorar la productividad de tu empresa no dudes en contactarnos aquí.